Intervención inmediata en detenciones y prisiones preventivas con la solvencia y rigor de un exfiscal superior.
Si su familiar fue intervenido o detenido en flagrancia, NO permita que declare sin la presencia de su abogado penalista.
No atendemos trámites rutinarios. Nos concentramos exclusivamente en situaciones penales de máxima gravedad donde la libertad, el patrimonio o la reputación pública están bajo amenaza inminente.
Máxima Urgencia (0 - 48h)
Apersonamiento inmediato en comisarías, DIRINCRI, DIVIAC y sedes del Ministerio Público. Control de la legalidad de la detención, supervisión de actas policiales y blindaje para evitar autoincriminaciones indebidas antes de que el fiscal formalice la investigación.
Defensa de la Libertad
Litigio oral implacable frente a solicitudes de prisión de 9, 18 o 36 meses. Desmontamos los supuestos graves y fundados elementos de convicción de la Fiscalía y acreditamos fehacientemente arraigo laboral, familiar y domiciliario de calidad.
Alta Complejidad Fiscal
Defensa de alta exigencia para funcionarios públicos, empresarios y figuras de alta exposición investigadas por colusión, peculado, cohecho o lavado de activos. Litigamos con la precisión de quien conoce la mecánica fiscal investigativa desde su raíz.
Garantía Constitucional
Activamos demandas de Hábeas Corpus inmediatas ante vulneraciones flagrantes de la libertad individual, detenciones ilegales o irregularidades judiciales insubsanables. Redactamos y sustentamos apelaciones en plazo estricto ante Salas Penales Superiores y la Corte Suprema.
En el proceso penal no basta con saber leyes: hay que conocer la mentalidad, las debilidades y las presiones del Ministerio Público para neutralizar la acusación a tiempo.
Habiendo sido Fiscal Superior Anticorrupción y Provincial, conocemos al detalle cómo se construye una carpeta fiscal y dónde están sus puntos ciegos.
Las primeras horas son decisivas. Acudimos sin dilaciones a dependencias policiales, fiscalías de turno o sedes especializadas para asumir la defensa.
Experiencia probada defendiendo casos mediáticos de impacto político y nacional con temple, solvencia jurídica y firmeza frente a cualquier presión.
Tratamiento confidencial de máxima reserva para proteger la reputación personal y familiar del patrocinado en todo momento.
Los errores cometidos en los primeros momentos de una intervención policial son los más difíciles de subsanar luego en juicio. Siga estos 3 pasos de forma estricta:
El detenido tiene el derecho constitucional de no declarar nada hasta la llegada física de su abogado particular de confianza. Evite contestar preguntas informales.
Ninguna acta de incautación, registro personal o manifestación debe ser firmada en blanco ni bajo presión psicológica. Todo documento debe ser revisado técnicamente.
Contáctenos de inmediato por llamada o WhatsApp. Nos apersonamos ante la comisaría o fiscalía respectiva para asumir el patrocinio formal y garantizar el respeto de sus derechos.
“En materia penal no hay segundas oportunidades: un error en la primera declaración o una sustentación débil en la audiencia de prisión preventiva puede costarle la libertad a una persona por meses o años. Quien defiende su causa debe conocer el sistema fiscal por dentro y tener el valor procesal de litigar sin temor frente a quien sea.”
El Dr. Luis Alfredo Yalán Ramírez cuenta con más de dos décadas de ejercicio jurídico de alto nivel. Formado en Derecho y Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de San Martín de Porres (USMP), con especialización culminada en Derecho Penal por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) y estudios concluidos de Doctorado en Derecho.
Desarrolló una destacada carrera en el Ministerio Público, desempeñándose como Fiscal Provincial Mixto, Fiscal de Prevención del Delito, Fiscal Adjunto Superior y posteriormente ascendiendo a Fiscal Superior Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Fiscal Superior Penal (en los distritos fiscales de Huancavelica y Ayacucho). Asimismo, integró el Jurado Electoral Especial en representación del Ministerio Público.
En el ejercicio independiente del litigio penal, ha asumido la defensa técnica en procesos de alta complejidad y resonancia nacional, además de integrar el Consejo Superior de Arbitraje de ILCADEL.
La reserva de identidad es absoluta en estricto cumplimiento del Código de Ética Profesional y la Ley de Protección de Datos Personales.
“La Fiscalía requería 36 meses de prisión preventiva por supuesta organización criminal en obras públicas. El Dr. Yalán demostró en audiencia la inexistencia de peligro de fuga y la endeblez de las declaraciones de colaboradores eficaces. Se obtuvo comparecencia con restricciones.”
“Detuvieron a mi hermano en un operativo con actas de registro viciadas y pretendían atribuirle tenencia ilícita. El Dr. Yalán llegó de madrugada a la dependencia, hizo constar las vulneraciones procesales y en 24 horas la Fiscalía archivó la flagrancia ordenando su libertad.”
“Se había dictado una orden de detención vulnerando flagrantemente el derecho de defensa y la debida motivación. Interpusimos una demanda constitucional de Hábeas Corpus que fue declarada fundada, restituyéndose de inmediato la libertad del investigado.”
Claridad procesal inmediata para momentos de máxima incertidumbre.
En delitos comunes, la detención policial por flagrancia tiene un plazo máximo de 48 horas. Vencido este plazo, el fiscal debe ordenar la libertad o solicitar prisión preventiva ante el juez. En delitos especialmente complejos (como crimen organizado o tráfico ilícito de drogas), el plazo de detención preliminar puede extenderse hasta 10 o 15 días. Es crucial actuar en las primeras horas para impedir el requerimiento de prisión.
Se exigen tres presupuestos copulativos según el artículo 268 del NCPP: 1) Graves y fundados elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito; 2) Que la prognosis de la pena sea superior a 5 años; y 3) Peligro procesal (fuga u obstaculización probatoria). Nuestra labor como exfiscales es demostrar que la imputación carece de solidez o que el investigado cuenta con arraigos suficientes para seguir el proceso en libertad.
Usted tiene derecho a exigir la resolución judicial debidamente motivada que autoriza el allanamiento y descerraje, y a solicitar la presencia inmediata de su abogado defensor particular antes del deslacrado de bienes e incautaciones. Llame a nuestra línea de emergencia de inmediato para acudir y verificar la legalidad del procedimiento.
Toda comunicación, documento o detalle del caso está amparado de manera irrestricta por el secreto profesional establecido en la Constitución Política del Perú y el Código de Ética de los Colegios de Abogados. Su identidad y situación legal se resguardan bajo reserva absoluta.
Atención presencial en despacho o coordinación de defensa inmediata vía llamada telefónica y WhatsApp.
Complete el formulario para activar la coordinación procesal con el Dr. Luis Alfredo Yalán Ramírez.
Para acelerar la intervención penal en este momento, haz clic en el siguiente enlace directo de WhatsApp: